El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) alista planteamientos de reformas para el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), entre ellos que el juez de investigación preparatoria pueda hacer de oficio el control de plazos, reveló la presidenta de la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI-CPP), Jessica Medina Jiménez.

Percy Buendia Qujandria

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En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, la magistrada manifestó que existen algunas deficiencias o vacíos en el mencionado código. “Necesitamos cambios y reformas, pues en el ámbito de Latinoamérica y del mundo el juez de investigación preparatoria o juez de tutela es también el que controla el plazo de las investigaciones”, recalcó.

Punto débil

La también integrante del CEPJ consideró que este tema “es un punto flaco, débil,” que se presenta en el sistema de justicia. “Ahora, vemos que a nivel de juez de investigación preparatoria tenemos un montón de formalizaciones de acusación”, refirió.

“Sin embargo, lo que pasa a juicio oral de esa carga es muy reducido, porque los plazos procesales están llenos en exceso y no se está haciendo un control de los plazos”, subrayó.

Medina explicó que en el diseño actual el control de plazo tiene que ser de parte y no de oficio. “Entonces, hubo problemas, ya que cuando los jueces quisieron hacerlo de oficio, el fiscal orientó una queja contra el juez”, recordó.

“El control del plazo presenta dos efectos muy importantes. Uno es el respeto del debido proceso, el de no tener a una persona sometida a una investigación de manera infinita. Eso pasaba en el Código de Procedimientos Penales, en el que transcurrían años y años de investigación”, rememoró.

La magistrada expresó que estas demoras generan el otro efecto: la prescripción, la impunidad. “Hubo muchos casos en los años de 1980 en los que los acusados salían libres por el efecto de la prescripción. Eso también tiene que ver sobre todo con los delitos de corrupción”, anotó.

“Si no controlamos los plazos relacionados a los que son estrictamente necesarios para la investigación que lleva el juez, se puede crear una impunidad. En la actualidad, existen muchos procesos que están en investigación, no están listos los requerimientos acusatorios, tampoco pasan a juicio oral”, advirtió.

Tras mencionar que los órganos jurisdiccionales están sobrecargados, Medina afirmó que los juzgados que funcionan desde hace más de 10 años con el actual modelo procesal están sentenciando, pero también se quedan muchos procesos en la etapa de investigación.

“Esta situación se debe porque la defensa a nivel jurisdiccional no está activando este aspecto procesal y por parte del juez prácticamente estamos limitados”, admitió.

Flagrancia

La presidenta de la UETI-CPP sostuvo que el modelo trajo también mecanismos de simplificación procesal, entre ellos los procesos inmediatos, conocidos como proceso de flagrancia. “Estos se crearon para que no se pase todo el trance de un juicio por los temas de la evidencia, la prueba, que es lo importante, y sobre todo para brindar una respuesta inmediata a la ciudadanía”, indicó.

En la actualidad, dijo, existe un clamor del ciudadano de a pie que todos los días sufre robos, le quitan el celular y hasta lo matan por un teléfono móvil. “Es una constante y es lógico que la ciudadanía piense que la responsabilidad es del Poder Judicial, porque tenemos la obligación de administrar justicia”, anotó.

“Ahí está el asunto, porque justamente no podemos conducir hacia qué proceso lo tienes que dirigir porque se nos limitó el control de plazos que está ligado a muchas cosas. Por ejemplo, si el proceso que está requiriendo el Ministerio Público es para uno común o inmediato”, aseveró.

La magistrada consideró también la necesidad de ejecutar mejoras en la capacidad operativa de los actores del sistema. “Sostuvimos reuniones con el Ministerio del Interior porque se pide acción y respuesta inmediata, pero a escala nacional no se ha fortalecido a la Policía”, anotó.

“La Policía lleva años que no cuenta con laboratorios de criminalística debidamente equipados en las regiones. Otro delito que parece invisible son las estafas por los medios tecnológicos y esto es todos los días, que sacan dinero de cuentas, llaman para una extorsión y esto se vincula a los laboratorios especializado en tecnología. Además, por ejemplo, hay provincias que no cuentan ni siquiera con uno para hacer el dosaje etílico”, alertó.

Integrantes

Medina recordó que el sistema de justicia está integrado por el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y la defensa pública. En este aspecto, destacó la necesidad de fortalecer el primer nivel de acción, a cargo de la Policía, con buenos laboratorios.

“Cómo vamos a querer que frente a los procesos inmediatos o las extorsiones se registre una reacción inmediata . El juez no va a poder condenar, habrá absoluciones por duda, por falta de pruebas. Estos temas los transmití al Ministerio del Interior”, puntualizó.

Evidencia digital

La jueza Jessica Medina recordó que el 2022 la entonces presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, impulsó el tema de la flagrancia, “pero vemos que del 100% de las detenciones que hace la Policía solo el 1% llega a los procesos inmediatos”.

“Entonces, si la Policía detiene, pero la Fiscalía solo nos hace llegar el 1%, hay muchos factores que atender. Uno es el fortalecimiento a la Policía con la evidencia digital y otro se refiere a la facultad del juez de investigación preparatoria que el código lo puso como si fuera un magistrado que nada más recibe la formalización de la investigación”, dijo.

Sin embargo, afirmó, no asume una acción directa sobre esa formalización. “¿Esta formalización está por un proceso ordinario o puede ir hacia uno inmediato?, ¿el plazo que se pide es el adecuado las actividades investigativas que se desarrollan o no? o ¿la prisión preventiva que se solicita de 9 meses es adecuada para las actividades investigatorias?”, expresó.

“El código se saltó una parte muy importante que es el juez de investigación preparatoria, que es de tutela jurisdiccional, porque está tutelando precisamente el debido proceso”, enfatizó la magistrada.

Cifra

957

es el decreto legislativo mediante se promulgó el Nuevo Código procesal Penal.