El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

Abogados, jueces, asistentes jurisdiccionales, servidores públicos, empresarios, gerentes, profesores, estudiantes de derecho y público en general.

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