Norma permite considerar penalmente imputables dentro del sistema penal ordinario a los adolescentes de 16 y 17 años.

El Poder Judicial (PJ) consideró “incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos” la Ley N° 32330, que permite considerar penalmente imputables dentro del sistema penal ordinario a los adolescentes de 16 y 17 años.

En un pronunciamiento, advirtió que esta reforma introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes, contraviniendo estándares nacionales e internacionales de protección.

Por tanto, señaló, la referida norma vulnera el artículo 4 de la Constitución, que exige una protección especial para los adolescentes, y la Cuarta Disposición Final y Transitoria, que obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales. 

“Asimismo, contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece un sistema de justicia juvenil orientado a la rehabilitación, reintegración social y respeto por la dignidad de las personas menores de edad”, subrayó.

El Poder Judicial manifestó que el Comité de Derechos del Niño expresó su preocupación ante normas que permiten juzgar a adolescentes como adultos, señalando que tales medidas resultan incompatibles con el principio de trato diferenciado. 

“Además, ha recomendado que todas las personas menores de 18 años sean procesadas exclusivamente en la jurisdicción del sistema de justicia juvenil, sin excepciones”, remarcó.

La Ley N° 32330, aseveró, vulnera el principio del interés superior del niño y el principio de no regresividad, al representar un retroceso en el nivel de protección alcanzado en materia de derechos de la niñez y adolescencia. 

“Este retroceso pone en riesgo la posibilidad de reintegración social y desarrollo integral de los adolescentes en conflicto con la ley”, alertó la judicatura.

En ese contexto, el Poder Judicial precisó que los jueces están facultados para ejercer control difuso e inaplicar esta ley cuando resulte contraria a la Constitución o a los tratados internacionales. 

Por último, exigió “la pronta implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento, que incorpora mecanismos de justicia restaurativa, terapéutica y diferenciada, en concordancia con los compromisos asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos”.